MONTEVIDEO (dpa) 4 feb %u2013 La aplicación de herbicidas, fungicidas, insecticidas y fertilizantes en el campo en Uruguay y sus consecuencias empiezan a visualizarse ante la creciente movilización de diversos sectores que denuncian los severos impactos en la salud humana, animal y ambiental.
El tema, largamente silenciado, fue abordado recientemente por primera vez por la Institución Nacional de Derechos Humanos, creada en 2008, para ‘la defensa, promoción y protección, en toda su extensión, de los derechos de todas las personas’.
Uruguay es un país de 3,2 millones de habitantes que produce sin embargo alimentos para 29 millones de personas y que históricamente basó su modelo de desarrollo y crecimiento en sus recursos naturales.
El pequeño país sudamericano tiene 16 millones de hectáreas cultivables, pero la expansión acelerada del cultivo de soja y la forestación amenazan con reducirla a 3 millones.
La soja, que se ha convertido en uno de los principales rubros de exportación, es el sector que más utiliza las fumigaciones aéreas con pesticidas, que no están prohibidas ni reguladas en Uruguay como ocurre en el otros países de Sudamérica o de Europa.
Solamente los gobiernos municipales tienen la potestad de aplicar leyes, un poder que se limita sin embargo a su territorio. De los 19 distritos en que se divide el país, el departamento (provincia) de Canelones es el único que dispone actualmente de esa herramienta legal.
Durante un encuentro reciente para tratar el tema, pobladores rurales, trabajadores, cooperativistas, pequeños productores, educadores y científicos denunciaron la despoblación de zonas del país por esa causa, tanto de seres humanos como de animales.
Periódicamente se denuncia la muerte de animales, ya sean vacas, corderos, cerdos, peces y empiezan a preocupar las estadísticas sobre los casos de cáncer.
‘Actualmente se están utilizando varios herbicidas juntos, ya que muchas malezas se hicieron totalmente resistentes al glifosato’, denuncia la toxicóloga Mabel Burger. ‘Entonces se le agregó el glifosinato y como tampoco alcanza, se le agregó el 2,4-D, que tiene una toxicidad mucho mayor y con efectos crónicos, documentados internacionalmente’, explica.
%u201CDicamba es otro herbicida que se está utilizando, siendo que fue prohibido desde hace décadas en otros países, pero autorizado en Uruguay. Y ahora empiezan a encontrarse nuevos componentes químicos en el agua%u201D, denuncia la experta.
La bióloga Graciela Piñeiro apuntó que %u201Clos organismos genéticamente modificados en sí son dañinos para la salud humana y para cualquier especie viva, sea animal o vegetal%u201D.
%u201CEstá comprobado que, al tener entre sus componentes un gen extraño hace que el organismo esté con su sistema inmunológico siempre activo%u201D, subrayó la experta.
La proliferación del uso de agrotóxicos en Uruguay está asociado directamente con el desarrollo agro-industrial de los últimos años y también con la extranjerización de la tierra, es decir, la proporción de tierra en manos de empresas multinacionales como Monsanto, Cargil, Bunge, ADP, UAG o Los Grobo, denunció el movimiento Red Amigos de la Tierra.
El director de los Servicios Agropecuarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Inocencio Bertoni, admitió que %u201Clas normas no se cumplen un cien por ciento%u201D, por lo que se estima que habrá que recorrer todavía un largo trecho para coordinar acciones y mejorar la situación.
En Uruguay tampoco existe un seguimiento sobre la salud de los pobladores en las zonas afectadas por las fumigaciones, ni revisiones o controles sobre la pureza del agua en reservorios como cañadas, ríos o lagunas, principalmente en las regiones de los plantíos transgénicos.
Por eso, organizaciones sociales diversas, y no solo ambientalistas, reclaman un mapa epidemiológico pautado por este problema y una ley nacional ambiental.
El gobierno ha expresado en varias oportunidades su buena voluntad para llevar a cabo un buena gestión de las aplicaciones, pero reconocen que aún hay muchos vacíos legales.
Fuente: DPA
